Luis Centeno Caballero (Secretario General Adjunto de Escuelas Católicas).

De forma un tanto desconcertante, nos encontramos inmersos en un debate político sobre la futura existencia o desaparición de los Centros específicos de Educación Especial. Y no deja de ser sorprendente, puesto que estas instituciones gozan de un enorme reconocimiento social y cumplen desde hace innumerables años una impagable labor en favor de los menores más vulnerables, aquellos que padecen graves necesidades educativas especiales.

No es mi intención avivar el fuego de un debate que considero demagógico, sino expresar mi opinión basada en el «interés legítimo», como padre de Beatriz, una estupenda y feliz chica con una discapacidad intelectual reconocida del 67 %, que ha estado escolarizada tanto en un Centro ordinario, en un Centro de integración y en un Centro específico de E. Especial, con un desigual grado de satisfacción en dichas experiencias.

Vaya por delante que defiendo, como cualquier padre de un menor con discapacidad, el mayor grado de inclusión social y educativa. Se ha avanzado mucho en este sentido, afortunadamente, pero hay elementos que no pueden obviarse y debemos buscar entre todos lo mejor para estos menores, por encima de ideologías o utopías.

Cuando contaba con 4 años la escolarizamos en un Centro ordinario, pues su evolución era gradualmente positiva. Gracias a la labor increíble de su tutora de E. Infantil, pudo mantenerse en el Colegio hasta 1º de E. Primaria. Sin embargo, a pesar de tener un informe de diagnóstico del Equipo de Orientación del Centro que establecía la necesidad de apoyo en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, la Consejería de Educación no envió ningún apoyo porque no se alcanzaba un número mínimo de niños con necesidades educativas especiales en el Centro (8 alumnos) y, por lo tanto, no existía derecho a dotación alguna.

Esto nos llevó a trasladarla en 1º de E. Primaria a un Centro de integración que disponía de profesores de apoyo (AL y PT) en cada una de las clases. Allí cursó de forma satisfactoria la Primaria y ESO, si bien no obtuvo el título de Graduado en ESO, al no haber alcanzado los objetivos generales de la etapa. La experiencia general fue positiva, pero con dos hándicaps importantes: en Primaria, la integración es sincera y real, debido a la edad de los alumnos. Sin embargo, en ESO la integración fue distinta y mucho más limitada, precisamente porque los alumnos a partir de los 12 años, comienzan a formar sus grupos de amigos y eligen a sus afines. Resultado: los alumnos con necesidades educativas especiales se quedaron excluidos del resto de grupos naturales que se formaban en el patio y en distintas actividades, generando su propio grupo que, muchos años después, aún perdura. El segundo hándicap se debió a la crisis económica. La Administración redujo de forma drástica el número de profesores de apoyo, hasta el punto que los padres decidimos ayudar voluntariamente al Centro para que los alumnos no perdiesen dichos apoyos, imprescindibles para su atención. Lógicamente, esta posibilidad de ayuda familiar no la tuvieron otros Centros, recayendo el perjuicio, una vez más, en los alumnos que se vieron privados de apoyos.

Cuando finalizó la ESO nos encontramos con que no podía cursar el Bachillerato, ni los Ciclos Formativos de Grado Medio, al no disponer del GESO y la escolarizamos en un Centro específico que ofrecía la Formación Profesional Básica adaptada a la E. Especial. Tengo que decir que fueron dos cursos maravillosos, con una entrega y dedicación de todos los educadores impresionante. Y Beatriz recuperó gran parte de su confianza al encontrarse en un entorno exigente, pero más adaptado y enfocado a sus necesidades. Muchos de sus antiguos compañeros y compañeras se matricularon, asimismo, en este Centro, afianzándose los lazos de amistad y comenzando a disfrutar de un ocio más autónomo durante los fines de semana. Merece una mención especial la realización de las prácticas de ofimática que realizó en una multinacional del sector bio-médico, empresa que se volcó con su integración con un resultado maravilloso.

Al término de los dos cursos, pasó a un Centro específico para cursar un programa de inclusión laboral que se encuentra desarrollando en la actualidad.

Con este relato, he querido resaltar que ambos modelos, Centros de integración y Centros específicos, son necesarios y complementarios, no excluyentes, cumpliendo la misión de atender al menor de la mejor forma en función de sus necesidades y capacidades.

Cualquiera que visite un Centro específico comprobará que muchos de sus alumnos padecen severos problemas cognitivos, sensoriales, motrices, etc, que requieren la atención de numerosos especialistas; no sólo, especialistas en Audición y Lenguaje (logopedas) o Pedagogía Terapéutica, sino fisioterapeutas, educadores, médicos, cuidadores, personal auxiliar encargados de su movilidad, etc. Asimismo, cuentan con espacios e instalaciones adaptadas: aulas sensoriales, mobiliario específico y un largo etcétera de medios pensados para las necesidades de estos menores. Nos guste o no, estos alumnos (por ejemplo, con parálisis cerebral severa) no pueden ser atendidos en Centros de integración, simplemente porque dichos Centros no cuentan (ni quizás puedan contar hasta dentro de muchísimos años), de los recursos materiales y humanos necesarios. Asimismo, un Centro de integración sin recursos suficientes tampoco puede atender las necesidades de los alumnos con menores discapacidades. Seamos realistas por una vez.

Cuando las Administraciones educativas infradotan de recursos a los Centros ordinarios (por no existir, no existe dotación para orientación en E. Infantil y Primaria), estableciendo un límite mínimo de alumnos para que se pueda financiar a un profesor de apoyo a la integración, están condenando a estos menores a quedar desatendidos, aunque cueste reconocerlo. Yo siempre me pregunto qué piensan los responsables políticos que van a hacer en el Centro con los 5 alumnos con discapacidad que tienen escolarizados, sin apoyo alguno, porque no llegan al número fijado de 8, por ejemplo. En la práctica, los educadores hacen lo que pueden, pero no se trata de buena voluntad, sino de recursos, de financiación, de apoyos. Lo demás es pura y simple demagogia.

Y lo mismo sucede con los Centros de integración, que sufrieron y siguen padeciendo unos brutales recortes en sus recursos, y no pueden atender todas las necesidades de los alumnos escolarizados, siendo conocedores que en ESO la integración es más “nominal” que “real”,por el mero hecho del proceso evolutivo de los menores, que dejan de ser niños “felices” para pasar a ser adolescentes con la rebeldía, autoafirmación y cambio emocional consecuente. Y esto se traduce en una compleja inclusión entre alumnos, aunque se promueva y aliente desde el Centro. Y en muchos casos, el alumno con discapacidad recupera su sonrisa y confianza al ser trasladado a un Centro específico en estas edades.

Por lo tanto, la petición de una mayor inclusión es compartida por todos. También por Escuelas Católicas que, conviene resaltar, afilia a 265 Centros educativos ordinarios con aulas de E. Especial o con apoyos de integración y 25 Centros específicos, que atienden a 35.00 alumnos con necesidades educativas especiales (el 41 % del total de acnee del sistema, teniendo en cuenta que la concertada representa sólo el 25 % del global). Aquí vuelven a equivocarse los que piensan que la enseñanza concertada católica evita el problema y no admite a este tipo de alumnos. Todo lo contrario. Se centra en la atención de ellos, siempre desde la atención individual a la persona. Porque no son “cargas” que repartir entre el sistema educativo. Son alumnos que merecen la mejor dedicación y entrega.

Si para algunos partidos políticos y organizaciones, la inclusión supone el cierre de los Centros específicos de Educación Especial, conseguiremos que muchos alumnos queden desatendidos, “aparcados” en aulas ordinarias, excluidos de los grupos naturales de amigos y compañeros. Y me refiero a entidades como el CERMI, imbuido en un profundo debate interno, o al propio Gobierno que en el Proyecto de LOMLOE incluyó una Disposición Adicional Cuarta estableciendo un calendario de 10 años para que los Centros de E. Especial quedasen relegados a la atención del alumnado con muy severas discapacidades y a ser “Centros de referencia y apoyo para los Centros ordinarios”.

No. Desde mi humilde opinión, la solución no pasa por eliminar los Centros de E. Especial. La solución implica un aumento progresivo y contundente de los recursos destinados a los Centros ordinarios, de integración y de E. Especial. Supone un diagnóstico precoz y ágil de las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad, para proveerles de los medios más adecuados desde edades tempranas. El módulo de conciertos en 2019 de una unidad ordinaria de E. Infantil (3-6) y Primaria asciende a 39.350, 36 €, mientras que el de una unidad de E. Especial es de 39.764,78€, más el personal complementario (21.135,65 € para unidades de psíquicos, 17.144,27 € para autistas o problemas graves de personalidad, 19.665,91 € para auditivos y 24.408,20 € para plurideficientes). Es decir, una media de sobrecoste del 20.588 € por unidad. Y esto sucede igualmente en ESO. Si se tuviera que incrementar el Presupuesto educativo para dotar de personal complementario a todos los Centros concertados de Infantil, Primaria y ESO, se necesitarían 1.477.333.116 € (71.757 unidades por 20.588 €). Si actualmente las Administraciones no abonan correctamente ni las sustituciones del profesorado en bajas de corta duración, ¿van a disponer de 1.477 millones de euros extraordinarios y anuales, para favorecer la integración en todos los Centros?

Pero, por encima de todo, estamos defendiendo garantizar la libre elección de los padres de estos alumnos, como primeros responsables de la educación de sus hijos. Sí, estos padres también tienen derecho a elegir el tipo de Centro que desean para ellos. No son padres nivel inferior, ni padres a los que se les suplanta el ejercicio de su derecho por parte de la Administración, en aras al fin último de la “inclusión abstracta”. Estos padres tienen nombre y apellidos y una historia sufrida día a día para garantizar una vida de calidad para sus hijos. Son los más interesados en buscar y encontrar lo mejor para ellos. Tienen el mayor interés legítimo para decidir el tipo de educación y de centro que prefieren. Y la Administración tiene que apoyarles, no con simples palabras de aliento y consuelo. Con hechos, con recursos, con apoyos personales y materiales, con dotaciones realistas. Y hasta que no llegue el día en el que exista un Plan de recursos presupuestarios aprobado por el órgano legislativo correspondiente, dejen de hacer política y demagogia con estos menores y sus familias. Todos se lo agradeceremos.

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